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La renuncia del gobernador Ricardo Roselló Nevares permite devolver la atención a las verdaderas necesidades y retos que enfrenta el pueblo de Puerto Rico

NEW YORK, NY - Frankie Miranda, Vicepresidente Ejecutivo de Hispanic Federation, emitió la siguiente declaración sobre la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares:

“La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el día de hoy es un importante paso hacia adelante para el gobierno y el pueblo de Puerto Rico. Si existía alguna duda sobre la efectividad de la acción popular directa, ha sido disipada por las protestas y manifestaciones en Puerto Rico y sus comunidades de la diáspora durante los pasados días. Indignados por la corrupción y la conducta insensible del gobernador y sus asesores, Puerto Rico entero se unió para decir “¡basta ya!”. La renuncia en el día de hoy es una prueba más de la fuerza que tiene la acción popular.”

“Sin embargo, sería un error pensar que la renuncia del gobernador Rosselló pone fin a los retos históricos que enfrenta Puerto Rico. Primero, la sucesión gubernamental debe respetar las normas constitucionales y los procesos que gobiernan la isla, y también asegurar la designación de un líder que represente los intereses del pueblo. Segundo, Puerto Rico enfrenta una situación económica difícil que debe ser atendida responsablemente y que ha sido agravada por un gobierno hostil en Washington DC. El presidente Trump tiene secuestrados miles de millones de dólares que se necesitan urgentemente en la isla. Ese dinero es esencial para que Puerto Rico se recupere y se encamine hacia una estabilidad económica y política. Hispanic Federation continuará trabajando con los líderes de los sectores comunitario, comercial y gubernamental para desarrollar e implementar una recuperación que sea justa y digna. Además, redoblaremos nuestros esfuerzos en Washington DC para asegurar que el Congreso y la Casa Blanca liberen los recursos que necesita la isla para salir adelante.”

“Hispanic Federation reitera sus exigencias al gobierno: (1) auditar la deuda impuesta a los ciudadanos en un contexto de corrupción y determinar su legalidad, (2) crear mecanismos de participación ciudadana que garanticen que el pueblo guíe las decisiones de su gobierno y (3) establecer una transparencia total en la administración de los fondos federales y locales que se han asignado al país para lograr una recuperación justa y digna.”