Hispanic Federation condena la decisión del gobierno de Biden de defender la discriminación contra los puertorriqueños
Para publicación inmediata: 8 de junio de 2021
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“Estamos profundamente decepcionados de que el lunes, la administración del presidente Biden presentó un escrito ante la Corte Suprema de los Estados Unidos argumentando que negar los beneficios de SSI a los ciudadanos que residen en Puerto Rico es constitucional. Nos sorprende que la administración de Biden se haya alineado con los argumentos de la administración de Trump a favor de la continua discriminación contra los ciudadanos en Puerto Rico por parte del gobierno federal. Para cualquier ciudadano estadounidense, nuestro derecho al debido proceso y a la igual protección ante la ley es fundamental. Que el presidente Biden argumente que su administración está obligada a defender la negación de estos derechos constitucionales a los puertorriqueños socava nuestra democracia,” dijo Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation.
En el caso de Estados Unidos v. Vaello-Madero, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó un fallo de la corte de distrito que declaró inconstitucional excluir a ciudadanos estadounidenses del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) sólo por vivir en Puerto Rico. En particular, el tribunal determinó que dicha exclusión viola el componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda.
“Los programas de beneficios federales que reducen eficazmente la pobreza deben estar disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los que viven en Puerto Rico. Si el presidente Biden realmente cree que los puertorriqueños no deben ser tratados como “ciudadanos de segunda clase”, debe ordenar a su administración que deje de justificar la discriminación en el caso de los puertorriqueños que residen en la isla,” concluyó Miranda.
El programa SSI está disponible para cualquier ciudadano estadounidense que viva en cualquiera de los 50 estados, Washington, D.C. y las Islas Marianas del Norte, pero no en los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Guam.
Más personas viven en Puerto Rico (3.2 millones) que en 21 de los estados, el Distrito de Columbia (700k) y todos los demás territorios de los Estados Unidos juntos. La flagrante discriminación e inequidad en el acceso a los programas federales ha contribuido a las tasas de pobreza más altas en cualquier lugar de los Estados Unidos. La pobreza, como el racismo, es un determinante social de la salud y se asocia con peores resultados en todas las métricas.
En un caso similar, Peña Martínez v. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos también dictaminó que era una violación al componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda negar los programas de beneficios federales a los residentes de Puerto Rico.
Uno de los argumentos presentados por el gobierno federal en ambos casos es el alto costo de extender estos programas a Puerto Rico. “¿Cómo es posible que, ante el Congreso, el president exija paridad para Puerto Rico en su presupuesto y ante los tribunales, argumente que el alto costo presupuestario justifica la discriminación? No es suficiente que él reconozca sus contradicciones; Biden debe honrar su compromiso de campaña con Puerto Rico y cumplir con su responsabilidad de tomar las acciones necesarias para garantizar los derechos constitucionales de los que vivimos aquí. El presidente tiene este poder y se ha utilizado en casos anteriores, incluso bajo el presidente Obama.” denunció la directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro.
De hecho, cuando Joe Biden era vicepresidente apoyó con entusiasmo la decisión de la administración de Obama de ordenar al Departamento de Justicia que desistiera de defender la Ley de Defensa del Matrimonio, la cual prohibía el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo a nivel federal, por concluir que era una ley inconstitucional y discriminatoria.
“Es de conocimiento general que el Departamento de Justicia tiene la obligación de defender la legislación aprobada por el Congreso. Sin embargo, tiene una obligación más alta de defender la constitución. Abogar por la constitucionalidad de un programa federal discriminatorio no puede anteponerse ante los derechos fundamentales del pueblo”, concluyó Gossett Navarro.
