Comunidades como la nuestra, que ya han sido marginadas por barreras estructurales a la igualdad de oportunidades y tienen bajos niveles de riqueza, son particularmente vulnerables durante todas las emergencias, ya sean desastres naturales, recesiones económicas o una pandemia sanitaria como la causada por el COVID-19. Con el fin de responder a la crisis a la que se enfrentan los latinos debido al COVID-19, así como para abordar otras cuestiones que afectan negativamente a las comunidades hispanas e inmigrantes en todo el país, instamos a la administración Biden-Harris a que emita las siguientes Órdenes Ejecutivas lo antes posible.
- Prorrogar automáticamente los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) y el estatus subyacente de los inmigrantes autorizados para trabajar, incluidos los titulares de DACA y TPS durante al menos el período de tiempo original concedido al individuo.
- Tomar medidas inmediatas para conceder el TPS a los nacionales mexicanos. La crisis COVID-19 en México representa condiciones extraordinarias y temporales del país que hacen inseguro el retorno de los nacionales mexicanos.
- Revertir los esfuerzos para poner fin a DACA. Comenzar la implementación de la acción diferida para padres indocumentados bajo la política de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), extender DACA para permitir el alivio de más individuos que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, y promulgar políticas para extender la acción diferida a inmigrantes LGBTQ sin hijos, en ausencia de legislación federal.
- Tome medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas por la devastación causada por los huracanes Iota y Eta, ordenando a su Departamento de Estado que conceda la reasignación del TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador e incluya a Guatemala en la designación.
- Ordenar al Dept. de Justicia que ponga fin a las apelaciones de la determinación del Tribunal Federal de Distrito de que los residentes de Puerto Rico deben ser elegibles para el programa SSI.
- Emitir una orden ejecutiva sobre la contratación de hispanos para aumentar la representación de hispanos diversos en puestos de empleo federal de carrera y otros puestos gubernamentales. Incluir financiación para iniciativas que promuevan la diversidad y la inclusión en la contratación, formación y retención de la mano de obra, así como sólidos mecanismos de rendición de cuentas que animen a las agencias y a los directivos a cumplir los objetivos de contratación de la diversidad de hispanos (también en materia de raza, género, orientación sexual y discapacidad).
- Emitir una orden ejecutiva para detener inmediatamente la construcción a lo largo de la frontera sur y rescindir los contratos activando la cláusula que permite al gobierno romper cualquier contrato y crear una comisión de Sanación y Reparaciones para las comunidades fronterizas y evaluar la mitigación de los daños ecológicos al medio ambiente, el hábitat y las tierras nativas sagradas.
- Reprogramar los 1.375 millones de dólares para el muro de la frontera sur, que se asignaron recientemente a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para empezar a reparar ecosistemas frágiles, lugares sagrados indígenas profanados, y revertir la militarización mortal de la región.
- Abordar la crisis de la deuda estudiantil y la desigualdad de riqueza cancelando ampliamente los préstamos estudiantiles federales y privados, dando prioridad a los estudiantes universitarios de primera generación y con bajos ingresos para ayudar a cerrar la brecha de riqueza.
- Elevar al líder de la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (OELA) a un puesto de Subsecretario similar en estatus al jefe de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, y la Oficina de Derechos Civiles.
- Rescindir la Orden Ejecutiva del 11 de julio de 2019 sobre la recopilación de información sobre el estatus de ciudadanía en relación con el Censo Decenal.
- Rescindir el Memorando Presidencial del 21 de julio de 2020 sobre la exclusión de extranjeros ilegales de la base de prorrateo tras el censo de 2020.
